FUERA DE FOCO, CON BRYAN ACUÑA – En los conflictos contemporáneos, las cifras han reemplazado al análisis riguroso como herramienta principal de persuasión pública. Un número grande y emocionalmente impactante puede imponer una narrativa con mayor eficacia que un argumento complejo. Por ello, las cifras mal contextualizadas se convierten en instrumentos privilegiados de propaganda política y mediática.
El caso de los “70.000 muertos en Gaza” ilustra cómo una estimación técnica y provisional puede transformarse, mediante omisiones y simplificaciones, en una afirmación moral o jurídica absoluta. El mecanismo es recurrente: se toma un dato no definitivo, se elimina su contexto institucional, se borra la distinción entre marco temporal y causalidad, y finalmente se presenta como admisión oficial o responsabilidad exclusiva. Así, una cifra parcial deviene “hecho total”. Un punto central es la confusión entre “muertes durante la guerra” y “muertes causadas por X”. La primera es una categoría temporal; la segunda implica atribución jurídica. En el debate público, esta distinción colapsa, permitiendo que una cifra técnica funcione como atajo narrativo que evita demostrar quién murió, cómo, por acción directa de quién y bajo qué circunstancias.
El ejemplo de las “50.000 viudas con pensión vitalicia” atribuido a Hamás muestra otra variante del fenómeno: cifras cerradas sin fuente primaria verificable, sin base metodológica clara y alineadas con una narrativa previa. En estos casos, el número no explica la realidad; la refuerza emocionalmente. El texto también advierte sobre el “efecto número redondo”: cifras grandes y exactas resultan memorables y contundentes, pero sospechosas desde el punto de vista analítico, ya que los conteos en conflictos suelen ser incompletos, revisables y metodológicamente complejos. La ausencia de desagregación —entre civiles y combatientes, muertes directas e indirectas, violencia interna o fallos técnicos— deja vacíos que luego se rellenan ideológicamente.
Cuando el número sustituye a la investigación, se empobrece el periodismo, se radicaliza el debate y se instrumentaliza a las víctimas. Además, las cifras pueden convertirse en herramientas de legitimación política retroactiva, justificando sanciones, boicots o bloqueos diplomáticos. La conclusión es clara: el problema no es citar cifras elevadas, sino hacerlo sin método. Frente a cualquier número contundente, la respuesta analítica responsable exige preguntar por la fuente, el contexto, la metodología, el alcance y las omisiones. Sin estas preguntas, los números no informan; movilizan. Y cuando movilizan sin explicar, dejan de ser análisis para convertirse en propaganda.
